Estados Unidos vuelve a arremeter contra la Corte Penal Internacional (CPI). Esta vez, sancionó a dos de las figuras más visibles del tribunal: su presidenta, Tomoko Akane y el fiscal adjunto Abdoulaye Seye. La decisión forma parte de la campaña de Washington para presionar el organismo, una estrategia que tomó fuerza desde el regreso de Trump a la Casa Blanca. Estados Unidos sostiene que, como ni ese país ni Israel hacen parte del Estatuto de Roma, la Corte no tiene jurisdicción para investigar a sus ciudadanos. ¿Son entonces estas sanciones un límite al poder de la Corte o buscan impedir que presuntos crímenes cometidos por estadounidenses e israelíes sean investigados? Lo analizamos en El Debate de France 24.