En 2025, un tribunal de inmigración estadounidense había determinado que Adriana María Quiroz Zapata no podía ser deportada a Colombia: corría riesgo de tortura. Aun así, el Gobierno de Donald Trump la expulsó de Estados Unidos en abril de 2026, pero no a su país y la mandó al Congo, una nación que no había aceptado recibirla.

A continuación, las claves del caso:

Adriana María Quiroz Zapata tiene 55 años, es colombiana y desde hace semanas permanece confinada en un hotel a las afueras de Kinshasa, la capital de la República Democrática del Congo, un país que no conocía y al que no la une nada.

Pero el Gobierno del mandatario estadounidense, Donald Trump, la deportó allí el pasado abril, como parte de su política de expulsión de migrantes irregulares a terceros países.

El caso tiene además una particularidad: el Congo no podía recibirla.

El Ministerio del Interior congoleño le había avisado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mediante una carta —obtenida por 'The New York Times'— que no estaba en condiciones de darle atención médica adecuada. Quiroz Zapata padece diabetes, hipotiroidismo e hiperlipidemia. Sin embargo, la deportación se llevó adelante igual.

Desde entonces, su salud empeoró. Según una declaración judicial que su abogada compartió con la agencia de noticias AP, le aparecieron manchas negras en la espalda y en un pie, la piel comenzó a pelarse y las uñas se le oscurecieron.

"No está bien y teme morir", afirmó su abogada, Lauren O'Neal.

Quiroz Zapata no es la única en esta dura situación. Es apenas una más del grupo de 15 migrantes suramericanos, entre los que se encuentran colombianos, peruanos, ecuatorianos, que fueron deportados bajo el mismo acuerdo y se encuentran confinados en el mismo hotel en Kinshasa con las puertas cerradas con llave. Solo tienen permitido salir con supervisión.

"Siempre estoy en mi habitación, las 24 horas del día. Tengo miedo todo el tiempo", declaró Quiroz Zapata a 'The New York Times' en una entrevista realizada desde Kinshasa antes de conocerse el fallo judicial.

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Desde febrero de 2025, la Administración Trump hizo de las deportaciones a terceros países —naciones con las que las personas expulsadas no tienen ninguna relación— un eje central de su política migratoria.

Se trata de un esquema que funciona con acuerdos bilaterales, en su mayoría secretos, mediante los cuales países de África, Asia Central y América Latina aceptan recibir deportados a cambio de dinero, beneficios diplomáticos o concesiones políticas. Un informe del Senado estadounidense calculó que el gobierno republicano ya ha destinado más de 40 millones de dólares a esos acuerdos.

Otro caso polémico tuvo lugar el año pasado cuando más de 200 venezolanos fueron deportados de Estados Unidos a El Salvador.

El Gobierno de Trump admitió que 137 fueron enviados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros —una normativa de tiempos de guerra del siglo XVIII— acusados de pertenecer al Tren de Aragua, una banda criminal venezolana, sin que ninguno tuviera una audiencia judicial que lo confirmara.

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El Congo es otro capítulo de esa misma lógica, pero con un agravante: es uno de los países más inestables del mundo. Actualmente, tiene más de siete millones de desplazados internos por conflictos armados, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Los términos del acuerdo entre Washington y Kinshasa no se hicieron públicos, aunque la agencia Reuters reveló que las negociaciones se dieron en paralelo a conversaciones sobre un acuerdo de paz regional y el acceso de Estados Unidos a los minerales críticos congoleños.

Según organizaciones de derechos humanos, más de 15.000 órdenes de deportación a terceros países ya han sido emitidas, pero no todas han sido ejecutadas, consigna AP.

En muchos casos, la amenaza de terminar en un país desconocido funciona como una forma de presión para que los migrantes acepten volver a sus países de origen, aunque allí los esperen otros peligros.

El pasado miércoles 14 de mayo, el juez federal Richard J. Leon determinó que la deportación de Quiroz Zapata "probablemente fue ilegal".

Su argumento es que la ley federal estadounidense permite deportar personas a naciones distintas al país de origen, pero exige que ese territorio acepte recibirlas. En este caso, el Congo se había negado.

"El Gobierno la envió a la RDC de todas formas (...) Por lo tanto, enviar a la demandante a la RDC fue probablemente ilegal", escribió el juez, según el fallo compartido a 'The New York Times' por la abogada de Quiroz Zapata.

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El juez Leon ordenó al Gobierno de Trump tomar medidas para que la colombiana de 55 años regrese a suelo estadounidense lo antes posible y estableció el viernes 15 de mayo como fecha límite para que el Departamento de Seguridad Nacional informe los pasos a seguir.

En su resolución, el juez evocó el caso de Kilmar Armando Ábrego García, el salvadoreño deportado por error a una megacárcel en El Salvador en 2025 y que los tribunales ordenaron repatriar a Estados Unidos.

Leon, nominado al cargo por el expresidente George W. Bush, ya había irritado a Trump el mes pasado al ordenar detener la construcción del nuevo salón de baile de la Casa Blanca.

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Quiroz Zapata no llegó a Estados Unidos porque quiso. Huyó de Colombia tras ser víctima de violación y agresión física reiterada por parte de su expareja, un hombre vinculado a la Policía Nacional colombiana, según relató a 'The New York Times'.

Que su agresor fuera policía lo complicaba todo: denunciarlo era prácticamente imposible. En 2025, tras evaluar pruebas documentales y su testimonio, un tribunal de inmigración estadounidense dictaminó que no podía ser enviada de vuelta a Colombia porque lo más probable era que sufriera torturas.

Su caso no es el único.

Reuters habló con otra colombiana del grupo que tiene una historia similar a la de Quiroz Zapata: también fue víctima de violencia de género por parte de su exmarido policía y, además, fue secuestrada y torturada por las FARC.

Un juez estadounidense le había reconocido el mismo riesgo de tortura si regresaba. Aun así, la mujer de 29 años, que pidió no ser identificada, fue deportada al Congo, donde también sintió presión para aceptar volver a Colombia.

Una abogada que representa a uno de los migrantes del grupo lo resumió así para Reuters: "El objetivo es claro: poner a las personas en un lugar tan desconocido que cedan y acepten volver a casa, a pesar del inmenso riesgo que eso implica".

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Con AP, Reuters y medios locales

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