Nicaragua avanza hacia una nueva reforma constitucional que amplía de seis a siete años el mandato presidencial y restringe la participación de sectores de la oposición en futuras elecciones. El Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo defiende estos cambios como parte de un modelo propio de democracia, mientras sus críticos alertan de una mayor concentración del poder y del cierre de los espacios para la alternancia política. ¿Está Nicaragua ante la consolidación de una dinastía Ortega? Lo analizamos.