Convoca el comité de expertos que establecerán una horquilla con la recomendación de revalorización para 2027. En los últimos años, Trabajo a efectuado las subidas ya entrado el año y con carácter retroactivo.

La convocatoria de elecciones está precipitando al agenda legislativa del Gobierno. Tras los decretos de vivienda, el Ministerio de Trabajo pisa ahora el acelerador para fijar la nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2027. Aunque en los últimos días se había confirmado que próximamente se convocaría la comisión de expertos que tienen la misión de recomendar la horquilla de revalorización, el departamento de la vicepresidenta Yolanda Díaz no había dado ninguna pista de la premura con la que finalmente se desarrollarán estos trabajos. Así, Trabajo convocará hoy la Comisión Asesora para el Análisis del SMI que comenzará a elaborar su informe.

Con los tiempos que se manejan, la recomendación de subida del SMI podría estar lista antes de la celebración de las elecciones generales del 29 de noviembre. Si bien, Gobierno de coalición viene aprobando el real decreto de revalorización ya entrado el año -y con carácter retroactivo-. Por lo que el escenario más probable es que se conozca el nivel de la subida que maneja el Gobierno, pero que la aprobación quede pendiente del resultado electoral. Ya que, en cualquier escenario, la subida del SMI es prerrogativa del Ejecutivo y no es necesaria su convalidación por parte del Congreso.

Actualmente, el salario mínimo se sitúa en 1.221 euros al mes en catorce pagas. Según las últimas recomendaciones de la comisión de expertos, las subida de esta renta que perciben cerca de 2,5 millones de trabajadores en España suele aumentar ligeramente por encima del IPC, que es el mínimo de revalorización para garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo. Adicionalmente, se trata de acomodar la subida al cálculo de lo que equivale al 60% del sueldo medio. Con las últimas previsiones, la subida mínima para cubrir el zarpazo de la inflación al bolsillo de los trabajadores debería rondar el 3,6% -previsión de IPC anual del Banco de España-. Esto situaría el salario mínimo en el entorno de los 1.265 euros mensuales.

Desde 2018, la trayectoria del salario mínimo interprofesional ha dibujado una senda de incrementos ininterrumpida. En este periodo, la retribución básica se ha disparado un 66%, saltando desde los 735,90 euros al mes (en 14 pagas) hasta alcanzar los 1.221 euros fijados para 2026. Esta escalada arrancó con el histórico repunte del 22,3% en 2019 —que elevó el suelo retributivo a los 900 euros— y se ha consolidado ejercicio tras ejercicio con revisiones continuadas: 950 euros en 2020; 965 euros en 2021; la cota de los 1.000 euros conquistada en 2022; 1.080 euros en 2023; 1.134 euros en 2024 y los 1.184 euros alcanzados en 2025.

Este carrusel de subidas responde al compromiso del Ejecutivo de cumplir los dictados de la Carta Social Europea y blindar el SMI en el 60% del salario medio de España. Sin embargo, este criterio choca frontalmente con la patronal. Desde la CEOE argumentan no solo que esta meta carece de carácter vinculante y que esta equivalencia ya la ha rebasado con creces ya que hoy en día, el salario mínimo supera holgadamente el 70% del sueldo medio en casi la mitad de las provincias españolas.

Precedente de 2026

Cabe recordar, como se ha mencionado, que la Comisión Asesora determinó la subida del SMI para 2026 bajo el criterio central de mantenerlo en el 60% del salario medio neto de un trabajador a tiempo completo en España, en cumplimiento con la Carta Social Europea. Para calcular este umbral exacto, los expertos cruzaron las proyecciones estadísticas de los salarios reales con variables macroeconómicas tradicionales como la evolución del Índice de Precios de Consumo (IPC) y las previsiones de crecimiento de la productividad media nacional.

Asimismo, el análisis incorpora parámetros de cohesión social y equidad distributiva, evaluando la coyuntura económica general del país y el impacto del incremento en la reducción de la brecha salarial de género y la pobreza laboral. A partir de este conjunto de indicadores técnicos, la comisión diseñó la horquilla de recomendación que sirvió de base al Gobierno para aplicar la subida definitiva del 3,1% hasta los 1.221 euros brutos mensuales (siendo el IPC medio del pasado año del 2,7%).

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