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El juez Antonio Piña reclama la jurisdicción española, acepta los indicios presentados por las querellantes y rechaza la acusación de trata de seres humanos.

Actualizado Miércoles, 18 noviembre 2026 - 18:53

El cantante Julio Iglesias se enfrenta a una investigación judicial en la Audiencia Nacional por agresiones de contenido sexual a dos ex trabajadoras. El magistrado Antonio Piña admitió este miércoles a trámite la querella presentada por las dos ex empleadas contra el cantante por delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante -estos dos último por hechos cometidos con posterioridad al 5 de octubre de 2021, salvo que formaran parte de la dinámica de un delito contra la libertad sexual no prescrito-.

En un auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia cita a declarar a las querellantes, de forma presencial, el próximo 3 de febrero y rechaza la querella respecto de los delitos de trata de seres humanos y contra los derechos de los trabajadores. Las presuntas vejaciones y agresiones se habrían producido por parte del cantante en el año 2021, en las residencias de Iglesias en República Dominicana y las Islas Bahamas.

La resolución se admite en base a los indicios que se aportan en la querella, esto es, el testimonio de una de las trabajadoras, "que constituye un principio de prueba de los hechos que justifica el inicio de la investigación penal".

Con la querella, añade el instructor Piña, se ofrece prueba testifical, a practicar en el momento procesal oportuno, y documental consistente en una fotografía de la querellante acreditativa de un moratón en uno de los brazos, compatible con la posibilidad de ser agarrada con fuerza. En la misma fotografía se aprecia sobre uno de los muslos, dos marcas que pueden corresponderse con la mordedura de una persona, y que la querella indica que son consecuencia de la participación a que se le obligaba en actos de contenido sexual.

Para saber más

Para el juez, el relato pormenorizado que contiene la querella y el principio de prueba que se aporta, "son suficientes para incoar el procedimiento, sin que ello suponga un juicio valorativo sobre su credibilidad".

La Fiscalía de la Audiencia Nacional -que en un primer momento apreció falta de competencia de la jurisdicción española para investigar estos hechos- se había posicionado a favor de la admisión a trámite de la querella.

En el auto, el juez explica que las conductas que se describen podrían ser constitutivas de un delito contra la libertad sexual, si bien en este momento inicial no se puede realizar una calificación en relación con la posible prescripción de alguna de esas conductas y, en especial, aquellas que la legislación vigente se calificaba como abuso sexual y que conllevaban una pena inferior a cinco años. Piña recuerda que para este tipo de delitos es relevante la declaración de la víctima porque se realizan en un ámbito de intimidad sin testigos directos de los hechos.

En el caso de los delitos de maltrato y lesiones el juez también indica que habrá que determinar la fecha de su comisión para pronunciarse en su caso sobre una posible prescripción, sin perjuicio de que puedan formar parte de la mecánica comisiva de delitos sancionados con pena superior.

El juez rechaza los delitos de trata de seres humanos y contra los derechos de los trabajadores que se incluyen en la querella. En relación con el primero, analiza la contratación de las dos mujeres y argumenta que no ha mediado engaño ni artificio alguno ni tampoco observa la existencia de una situación de vulnerabilidad como la descrita por las querellantes. Respecto al delito contra los derechos de los trabajadores, recuerda que no puede ser objeto de investigación ya que la legislación de Bahamas y República Dominicana carece de un tipo penal asimilable.

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