Con apenas sesenta agentes para procesar 500 denuncias diarias, el colapso de la Oficina de Menores (OFMIN) en Francia ha dejado al descubierto un sistema judicial rebasado que empuja a las víctimas a juicios a medias. Ante la impunidad, la lentitud institucional y la falta de recursos técnicos, colectivos de ciudadanos y ciberjusticieros asumen la persecución de agresores en redes sociales. El auge de redes como "Los niños de Argus" abre un duro debate internacional: hasta dónde llega la línea entre la colaboración ciudadana y los riesgos de la justicia por mano propia en la era de la inteligencia artificial.